Tres caminos al poder: Éxito electoral de candidatos indígenas.

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Este estudio fue realizado como parte del Seminario permanente Estado y sociedad en un contexto multicultural, que ASIES desarrolla anualmente desde 2010.  Consta de dos partes. En la primera, se describe una serie de variables institucionales que enmarcan la participación político electoral en las circunscripciones electorales cuya población es mayoritariamente indígena. En esta parte se ilustran variables del sistema electoral y del sistema de partidos políticos. Para el efecto, se utilizaron datos del Tribunal Supremo Electoral e información detallada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.  En la segunda parte se profundiza en la experiencia de tres diputados indígenas que compitieron por dicho cargo en circunscripciones conformadas por población indígena y no indígena, las cuales se suponen más adversas a las candidaturas indígenas que las circunscripciones en donde casi la totalidad del electorado es indígena. Los diputados fueron seleccionados de manera intencionada, solicitándole al primer entrevistado que identificara a sus pares indígenas, como una estrategia para solventar el problema de identificación (descrito en el apartado 3). Las entrevistas fueron desarrolladas con carácter semiestructurado para ser aplicadas a profundidad. Se realizó también una entrevista con una experta en la materia de la participación política indígena en Guatemala.

Con el estudio se intenta explicar el éxito electoral de los candidatos indígenas a partir de las características institucionales que enmarcan su participación, así como de las características específicas del proceso de selección. Dentro del proceso de selección se examinan cuatro variables relevantes. La primera es la relación entre el candidato y el partido, con énfasis en la manera en que fue reclutado. La segunda se refiere a la competitividad del proceso de selección. La tercera toma en cuenta el apoyo de organizaciones o autoridades indígenas. La cuarta variable es la relación del candidato con el electorado, con énfasis en los aspectos vinculados a la campaña electoral y al financiamiento de la misma.

Descargue el estudio haciendo click aquí.   También puede descargarse en el sitio web de ASIES.

Estudio de ASIES: Análisis de la unidad partidaria en el Congreso de Guatemala

Los vínculos entre los diputados. No se incluye en el estudio.

Los vínculos entre los diputados, según registros de votación. (Esta imagen no se incluye en el estudio)

Ayer, 12 de noviembre, presentamos un nuevo estudio en ASIES. El estudio Análisis de la unidad partidaria en el Congreso de Guatemala. Prioridades legislativas, transfuguismo y pertenencia distrital,  utiliza el análisis de redes sociales, con información de los registros de votación del Congreso de la República, para examinar el comportamiento de los diputados pertenecientes a los principales bloques que integran el Congreso de la República, específicamente en la legislatura 2012-2016. Particularmente, analiza el nivel de unidad con que votan en torno a temas específicos, para así determinar las prioridades de política pública que tiene cada uno de los bloques. También analiza las diferencias en la unidad en la votación entre los bloques de diputados en función de su integración original, derivada de las elecciones de 2011, y la integración de los bloques a noviembre de 2014, para determinar el efecto que el transfuguismo tiene sobre la unidad partidaria. Asimismo, evalúa las diferencias en la unidad de votación entre los diputados electos por lista nacional y los diputados electos por listado distrital.

Descargue el estudio aquí (o en el sitio web de ASIES).

Descargue la base de datos utilizada aquí (o en el blog de Javier Brolo).

Suspensión de elecciones, ¿en qué condiciones?

Foto: Twitter de @BrenMejia3777

Publicado originalmente en eleccionesenguate.com, el 04 de agosto de 2015

El añejo desgaste del sistema político guatemalteco se acentuó en los últimos meses tras el descubrimiento de los  más escandalosos casos de corrupción que hayamos visto, aún en un país acostumbrado a que sus autoridades abusen del poder para beneficiarse a sí mismos. Muchos guatemaltecos hemos salido a las calles con reclamos dirigidos a una diversidad de actores. Al presidente, le hemos pedido que renuncie. A los diputados, que desarrollen una agenda reforma institucional que incluye, entre otros temas importantes, la reforma al régimen electoral y al sistema de partidos políticos. Esta última se relaciona con otra exigencia expresada hacia el órgano electoral por algunos manifestantes, y algunos grupos de intelectuales y académicos: La suspensión de las elecciones hasta la vigencia de las reformas solicitadas.

Se ha argumentado de sobra acerca de la inconveniencia de la suspensión de las elecciones. Uno de los casos más convincentes lo tiene Carlos Mendoza en esta columna publicada en Plaza Pública, en dónde recuerda que las elecciones constituyen hoy por hoy la única alternativa viable a la toma violenta del poder.

Quiero aportar a ese argumento.

Guillermo O’Donnell, quien estudió las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos, particularmente en la América Latina de la última parte del siglo XX, al observar la consolidación de dichos regímenes, señaló la persistencia de instituciones informales como el particularismo y lo borroso de la frontera entre lo público y lo privado, que coexisten con las elecciones para crear lo que llama “democracias delegativas”.  En el caso de Guatemala, esta combinación se manifiesta en dos males concretos, cuya existencia motiva a quienes desean que pospongamos las elecciones: El clientelismo y la corrupción.

Es natural entonces que exista una amplia insatisfacción con los resultados de la democracia. En su edición de 2014, el estudio Cultura política de la democracia en las Américas utiliza dos variables de opinión pública para determinar el apoyo a la democracia en los países de América Latina: Tolerancia política y apoyo al sistema. La actitud de los ciudadanos hacia la democracia se evalúa en función de la combinación de esas dos variables. En los países en donde existe baja tolerancia política y bajo apoyo al sistema, se considera que el sistema democrático está en riesgo. El estudio indica que Guatemala tiene el menor porcentaje de ciudadanos con actitudes favorables a la democracia de toda América Latina. Menos que en Honduras, Haití, o Venezuela.

La pregunta que surge aquí es si los guatemaltecos estamos dirigiendo la crítica a las instituciones correctas. O si grupos distintos de ciudadanos –intelectuales y académicos por un lado, y ciudadanos de a pie por el otro- tienen visiones similares del problema y su camino de solución.

Es de suponer que quienes piden que se cambie la fecha de las elecciones buscan, con interés y vocación democrática, que estas se celebren en mejores condiciones. Sin embargo, la corrupción y el particularismo que señala O’Donnell no surgieron de la noche a la mañana, ni responden a un momento político particular, o a un determinado diseño de sistema electoral. La corrupción y el clientelismo son instituciones informales que persisten más allá de los cambios institucionales formales. Esto es, la modificación de la fecha de las elecciones no producirá la oportunidad para erradicar un conjunto de prácticas que existen independientes de ella.

Al contrario, la suspensión de elecciones en una sociedad en donde la gran mayoría no parece querer la democracia, abre la puerta para el autoritarismo. Si se considera que las manifestaciones en las que hemos participado en los últimos meses tienen algún peso porque comunican el sentir de los ciudadanos, y que esta presión ha tenido resultados en el comportamiento de la clase política guatemalteca, cabe preguntar sobre el tipo de resultados que podrán esperarse en el futuro de las movilizaciones de una ciudadanía con aparente vocación antidemocrática. ¿Qué ocurrirá cuando llegue la nueva fecha de las elecciones y nos enfrentemos ante la realidad de que lo que no cambió en 4 años (o en 30) tampoco cambió en dos meses? ¿Qué tipo de opciones se abren para una sociedad sin vocación democrática, una vez se libera de la camisa de fuerza que constituye la institución formal de las elecciones?

La democracia de baja calidad de Guatemala –con sus elecciones libres pero relativamente competitivas, con su apenas relativa existencia de medios independientes, con las limitaciones informales que existen a la libertad de expresión- es, al fin, una democracia y, como tal preferible a un régimen autoritario. Parte de su debilidad radica en su dependencia de la regularidad de las elecciones para sobrevivir. Si le quitamos a esta democracia las elecciones, la dejamos sin nada. El esfuerzo y la creatividad de quienes buscan cambiar la fecha de las elecciones servirían mejor a sus propias convicciones si se enfocasen en dos sentidos distintos, menos ambiciosos pero también menos arriesgados: Hacer estas elecciones mejores que las anteriores, mediante el apoyo a la purga de los candidatos corruptos en los listados actuales y la información a los demás ciudadanos sobre las consecuencias de elegir una u otra opción; y contribuir a la construcción futura de un sistema político menos clientelar y corrupto a través del apoyo y la exigencia de una reforma institucional profunda.

O’Donnell, Guillermo. Ilusiones sobre la consolidación. Nueva Sociedad, No. 144. Julio-Agosto de 1996, pp. 70-89

Azpuruh, D. y Zechmeister, E.  Cultura política de la democracia en Guatemala y las Américas: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas, 2014. Universidad Rafael Landívar, Americas Barometer, Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University. 2015.

Partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e institucionalidad

2014, DISOP, Partidos políticos guatemalteco,  financiamiento e instricuionalidad

El estudio Partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e institucionalidad, elaborado en el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas (DISOP) de ASIES,  analiza la relación entre las prácticas que conforman el modelo de financiamiento de los partidos políticos guatemaltecos y su nivel de institucionalidad, entendida como la interacción de tres variables: estabilidad en el tiempo, nivel de democracia interna, y autonomía con respecto a actores externos. Sobre la base de entrevistas a dirigentes partidarios nacionales y locales, se describen las prácticas de financiamiento partidario. Estas se analizan en torno a tres dimensiones: territorial, temporal e institucional. Se concluye que el modelo de financiamiento partidario favorece el desarrollo de partidos débiles y verticales, limitando su capacidad de estabilizar su presencia territorial y sus posibilidades de desarrollar procesos democráticos internos. Además, el modelo de financiamiento pone a los partidos en una posición de desventaja en su interacción frente a algunos financistas poderosos, afectando su autonomía. Finalmente, se recomiendan elementos a tomar en cuenta en una reforma al régimen de financiamiento partidario en Guatemala.

Puede descargar la investigación en los siguientes links:

Informe completo

Extracto

Financiamiento regulado, partidos fuertes

Foto: El Nuevo Diario, Nicaragua

Asíes presentó esta semana el estudio Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad. Dicho trabajo buscó conocer a fondo las prácticas reales por medio de las cuales los partidos políticos obtienen los recursos para realizar sus actividades, y señalar sus efectos sobre la institucionalidad de los partidos políticos. Particularmente, se estudió la manera en que el financiamiento afecta las posibilidades de los partidos de desarrollar procesos democráticos internos, mantenerse vigentes en el tiempo, y tomar decisiones de manera autónoma con respecto a grupos de presión e interés.

 Del estudio se deduce que durante la campaña electoral, los partidos se vuelven sumamente dependientes de unos pocos financistas externos, lo cual puede condicionar sus decisiones internas, como la selección de candidatos, o incluso sus decisiones de política pública.

 Además, los partidos políticos guatemaltecos priorizan y asignan más recursos a aquellas actividades con claros réditos electorales. Por ello, incluso en época no electoral, las actividades como la formación política o la elaboración de programas de gobierno no obtienen los recursos que se necesitan, fortaleciendo así el claro énfasis electoral de las organizaciones políticas guatemaltecas.

 La conclusión más importante es que, si bien la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que todas las contribuciones de campaña sean canalizadas a través de las organizaciones políticas, los financistas suelen entablar relaciones directas y personales con los dirigentes partidarios. Los partidos, encargados de rendir cuentas de su financiamiento ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), suelen quedar excluidos de esta relación. Esta forma de financiarse produce partidos débiles y verticales, y dificulta el trabajo de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.

 Si se desea partidos más estables, democráticos y autónomos, se deben modificar las normas que rigen su financiamiento. Es necesario regular de manera más adecuada el uso de los medios de comunicación. Asimismo, se debe reglamentar el uso de la deuda política, para asegurar la disponibilidad de recursos de actividades formativas y programáticas. Finalmente, es crucial personalizar la rendición de cuentas, responsabilizando a candidatos y dirigentes locales ante el TSE, de la obtención de recursos para sus organizaciones.

Columna institucional de ASIES publicada en elPeriódico el 26 de noviembre de 2014

¿Quién le pone el cascabel al diputado?

Foto: Soy502

La separación entre los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, privilegia el accountability (la obligación de rendir cuentas) horizontal por sobre el vertical. El accountability vertical consiste en la obligación que tienen las autoridades de rendir cuentas a la ciudadanía, cuya manifestación más concreta es el sometimiento a elecciones regulares. El accountability horizontal se refiere a la rendición de cuentas entre las autoridades mismas, usualmente concretado en un sistema de pesos y contrapesos –checks and balances- que limita la capacidad de uno u otro organismo de posicionarse como superior a los demás.

La reciente denegatoria, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, señalado en un evidente y flagrante tráfico de influencias, es apenas una muestra de que el accountability horizontal en Guatemala no funciona.

La salida estratégica para la ciudadanía sería exigir cuentas a través del voto. Sin embargo, el sistema electoral actual, con distritos grandes –Rivera encabezó una gamonal lista de 11 diputados en la elección anterior-, listados cerrados –el partido, y no el ciudadano deciden quien va primero- y ausencia democracia interna en los partidos, prácticamente garantiza que diputados que sirven bien a las cúpulas partidarias, a costa de la justicia y la ética, sean casi seguramente reelectos.

En ese sentido, si las autoridades del OJ eligen no antejuiciarlo, y el voto de la ciudadanía no es suficiente para sacarlo del Congreso, ¿a quién rinde cuentas un diputado?

Columna publicada en Diario Digital el 18 de noviembre de 2014

¿Quién teme al populismo?

Imagen: Afiche peronista sobre voto femenino. Click en la imagen para ir a la fuente.

El discurso (usted ya sabe cuál) sobre populismo ha dado pie a algunas interesantes discusiones. En general, el populismo aparece como el malo: demagogia, incertidumbre, amenaza a las instituciones (casi siempre las instituciones republicanas liberales).

El populismo puede verse en otros términos. El populismo es un proceso a través del cual un conjunto de demandas no representadas en la política se articulan entre sí, al amparo de una identidad única –los descamisados, los cocaleros, o el Tea Party-, para forzar su ingreso a la política. La irrupción de este nuevo actor, que suele arrogarse el nombre de “pueblo”, tiende a obligar a cambios institucionales, destinados a abrirle espacio. En la Revolución de 1944-1954, por ejemplo, y a pesar del evidente carácter burgués de levantamiento del 20 de octubre, la irrupción de maestros, campesinos y trabajadores, dio forma a un conjunto nuevo de instituciones: una puramente liberal –la ampliación del derecho a voto- y otras vinculadas de manera más indirecta al mismo liberalismo -el Código de Trabajo, el IGSS y la abortada reforma agraria-.

Desde esa perspectiva, y en función del mal desempeño de las instituciones actuales, tal vez no hay que tenerle miedo al populismo. Tal vez lo que corresponde es buscar la manera de articular demandas no representadas en el sistema actual e incorporarlas a la política. ¿Qué tipo de instituciones pueden surgir de llevar a la arena política a la clase media urbana hastiada con la corrupción y la violencia, junto a las comunidades que se oponen a la minería inconsulta?   ¿Qué otros actores están hoy afuera del sistema?

Columna publicada en Diario Digital el 11 de noviembre de 2014