>Guatemala: Del conflicto armado interno al estado fallido

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Guatemala es ahora un destino fatal en manos del crimen organizado prisionero de una “vigorosa violencia”. Los aristócratas entrenaron perros bravos para protegerse, éstos dejaron de obedecerlos y se han convertido en grandes capos del narcotráfico. Matan como les enseñaron y autorizaron a matar, sin compasión y sin reparar en quién es la víctima – Joaquín Villalobos

Estado fallido, nos dicen. La prensa nacional comienza a usar este término, que califica a países tan devastados como Afganistán, Sierra Leona, Colombia… Una lista nada halagadora. En Guatemala mueren en forma violenta alrededor de 19 personas diarias. En Guatemala el narcotráfico se insertó en la médula de las instituciones gubernamentales. En Guatemala, un grupo de jefes policíacos asesinó a tres parlamentarios salvadoreños y su piloto, y fue exterminado en una cárcel de máxima seguridad.

El estado fallido es aquel en el cual el gobierno pierde el control de su territorio. Un Estado exitoso es aquel que consigue arrogarse el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Se considera un estado fallido, o fracasado, aquel que pierde ese monopolio. Pero en el caso de Guatemala, debemos agregar el concepto de estado delincuente. Estamos ante un Estado que no solo no tiene control sobre la violencia civil, sino que ejerce la fuerza afuera de los marcos establecidos de legalidad.

La crisis de seguridad más significativa de los últimos años la vivimos hoy, cuando los medios de comunicación exponen, por primera vez, de manera generalizada, la existencia de escuadrones de la muerte que actúan desde el Estado, dentro del Gobierno y con el objetivo de suplir las carencias de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, diez años después del fin del conflicto que les dio origen. Los fantasmas de la guerra interna nos persiguen hasta hoy.

El Conflicto Armado trajo, entre sus muchas consecuencias nefastas, la construcción de instrumentos de seguridad que actuaron bajo el amparo del Estado en forma clandestina, a manera de eliminar las anomalías subversivas de manera expedita. Esto es, con el objetivo de ejecutar sin necesidad de juicios justos amparados en la ley. Estos organismos clandestinos sirvieron al las clases hegemónicas, el ejército y la oligarquía, para mantener el control de aquellos sectores de la población que manifestaron inconformidad con el sistema establecido. Si bien los líderes y peones de los escuadrones de la muerte surgidos en las últimas décadas del siglo pasado son hoy demasiado viejos para disparar desde una motocicleta en movimiento, sus prácticas fueron heredadas a esta generación, que hoy legitima la limpieza social ante la ineficacia de los medios legales para garantizar la seguridad ciudadana. Quienes hoy dirigen la PNC son herederos de esa cultura de pragmatismo antiético que en su momento cumplió una función contrainsurgente. La ley se ve como una herramienta más a usar contra lo que se considera el enemigo interno, perdiendo su imperio en el momento en que se vuelve una incomodidad para atacar dicho enemigo. Las anomalías dentro del sistema, sean guerrilleros o delincuentes se eliminan con mayor facilidad en una carretera desolada que en los tribunales y centros penitenciarios.

El Estado no se hundió solo. Se hundió con la ayuda de una sociedad complaciente, amiga de las soluciones rápidas y desesperada por la violencia. El ministro del Interior está hoy en peligro de ser removido, pero ¿Qué diputado no oyó alguna vez el rumor de la existencia de grupos de limpieza social dentro de la PNC? La opinión pública que otrora clamaba un alto a la inseguridad a cualquier costo, hoy se rasga las vestiduras y pide las cabezas de los sociópatas de Gobernación, habiendo sido advertida numerosas veces de los vicios de la actual administración. ¿Quién le restaría importancia hoy a las denuncias contra el entonces subdirector de la Unidad de Investigaciones por abuso de poder en su asalto al Aeroclub? ¿Quién, de conocer que llegaría este momento, hubiera dejado parar el uso de armas ilegales en operativos policiales por parte del Director de la Policía Nacional Civil? ¿Y quién hubiera olvidado después de unos días los claros indicios de ejecuciones extrajudiciales en la hollywoodesca ejecución de la operación Pavo Real? La arrogancia de las autoridades se evidencia en su indiferencia ante la crisis. Perciben a la opinión pública como una bola de malagradecidos, por quien talvez no valió la pena mancharse las manos.

El Estado murió como expresión jurídica ante la incapacidad de sus leyes y de los mecanismos de ejecución de las mismas para proteger a la población de la violencia. Las artificiales formalidades del Derecho nada pueden hacer ante la descomposición de los aparatos policiales. El Estado murió como instrumento de poder de la clase económica dominante, en el momento en que fue copado por el “bloque alternativo de poder”, cuyo núcleo está formado por narcotraficantes, que a su vez llevan décadas infestando las estructuras del ejército, desde los antiguos Comisionados Militares hasta el difunto Estado Mayor Presidencial. Esa misma clase dominante patalea en el fondo del mar al intentar ocultar, o pretender condenar los métodos que tradicionalmente ha utilizado para socavar cualquier amenaza a su hegemonía. El Estado se ha venido pudriendo conforme refleja la desvalorización de nuestra sociedad le permite con su apatía los abusos más atroces contra criminales condenados sin juicio y víctimas inocentes. Podemos atrevernos ya a decir que nos amparamos en un delincuente Estado fallido.

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