>Políticas públicas y estado plural en Guatemala

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Introducción

En el estudio de las políticas públicas, se debe tomar en cuenta que la sociedad a la que atiende un Estado, generalmente no es homogénea. En muchos casos, las políticas públicas fallan al no considerarse la pertinencia cultural, económica, en fin, social, de su ejecución. No se debe, es más, no se puede tomar decisiones políticas “liberales” u homogéneas en el marco de una sociedad plural. Especialmente cuando la pluralidad es tan amplia como en el caso de Guatemala. No es solamente la diversidad, sino la serie de confrontaciones, prejuicios y desvalorizaciones que forman un discurso violento que incide en la cultura del funcionario público, y de ahí en su manera de diseñar y ejecutar políticas públicas. En el siguiente ensayo, elaboraremos en la naturaleza racista del Estado de Guatemala, su incapacidad frente a una sociedad plural, y las posibles salidas al círculo vicioso de las políticas públicas impertinentes.



Políticas Públicas y Estado Plural en Guatemala

Hablar de políticas públicas en Guatemala es tratar con una maraña de coyunturas, clientelismo, intereses y discursos, que vienen a ser un reflejo de la sociedad que debiera verse representada en el Estado. Este Estado no es, sin embargo, una representación de la sociedad guatemalteca, sino más bien es un producto de las relaciones de poder que existen en el seno de dicha sociedad. La sociedad guatemalteca es económica y socialmente excluyente, siendo ambos tipos de exclusión atravesados por un eje transversal que les da un carácter particular: el racismo. El racismo se da en el seno de muchas sociedades que en otro contexto podríamos considerar “avanzadas” o “ilustradas”, como el caso de potencias europeas de la talla de Francia e Inglaterra, y es innegable que existe en EEUU. Guatemala es un caso particular. El racismo no se da en el seno de una nación que se presume homogénea, como el caso de los países mencionados, sino en una sociedad nacional que se sabe plural, pero que se esmera en invisibilizar sus diferencias en el marco discursivo de la construcción de una nación igualitaria, utilizado para esconder la justificación de las injusticias. Este discurso produce un Estado que actúa de manera homogénea frente a una sociedad heterogénea.

Luis Villoro, en su ensayo: “Del Estado homogéneo al Estado plural” describe el concepto de Estado que predominó en el ideario de la élite política mexicana; concepto aplicable casi de manera simétrica al caso de Guatemala. Según su análisis, el Estado-nación ha sido entendido como una asociación de individuos que se unen libremente y de manera voluntaria, que no reconoce comunidades históricas previamente existentes e impone un orden sobre la diversidad de las sociedades que lo componen.[1] Es esta misma idea de Estado la que se aplicó en Guatemala, con un énfasis determinante desde la Reforma Liberal de 1871, en un intento de, como se mencionó en el párrafo anterior, invisibilizar las diferencias sociales a fin de justificar, o incluso legitimar, la situación de subordinación en la que vivían las mayorías indígenas de nuestro país.

Bajo el supuesto anterior, debemos entonces usar la idea de que el Estado guatemalteco no es un Estado plural, sino una institución constituida de manera casi heterogénea en lo que respecta a la etnia. Yendo más allá, el Estado está copado por un grupo cuyo discurso de clase lleva implícita una dosis determinante de racismo. Así somos, en general, los ladinos.

Si entendemos las políticas públicas como decisiones gubernamentales planificadas en torno a la satisfacción de una necesidad social, y aceptamos que el Estado guatemalteco es, en su esencia, racista, entonces aceptaremos que las políticas públicas producidas por el Estado de Guatemala responden a una realidad social distorsionada por el racismo. Es decir, la percepción que quienes diseñan las políticas públicas tienen de las necesidades sociales está sesgada por el racismo, por lo que su ejecución será favorable a la etnia hegemónica, acentuando así la asimetría en las relaciones de poder y contribuyendo a la justificación de la discursiva racista, y a su influencia en la conformación del Estado. Es entonces una especie de círculo vicioso que acentúa la contradicción entre la sociedad plural y el Estado homogéneo y racista.

A partir de lo anterior surge la siguiente cuestión, ¿Cómo deben formularse las políticas públicas en Guatemala? A decir de Emilio Graglia, “a los fines de diseñar políticas públicas, deben considerarse, simultáneamente, necesidades en general y particular…”[2] Si es así, ¿Cómo diseñar políticas públicas en donde las necesidades particulares son tan diversas, que corresponden a una diversidad de necesidades generales? ¿Cómo diseñar políticas públicas para el trabajador ladino y para el finquero indígena? ¿O para el ama de casa rural y la mujer trabajadora de la capital? El Estado tiene entonces el reto de hacer políticas públicas para todos, con las dificultades de logística y presupuesto que ello representa.

La solución está en una acción de la que se habla muchísimo hoy en día: La descentralización. Solamente un estado descentralizado puede asegurarse la satisfacción de necesidades sociales a través de las políticas públicas de manera eficaz. La descentralización implica concesiones de tipo político que nuestra clase política parece no estar dispuesta a hacer. Sin embargo, esta concesión será, a la larga, inevitable.

Se está tornando sumamente difícil para el gobierno central de Guatemala atender las crisis de gobernabilidad que se dan en el interior. Un ejemplo lo constituyen las dificultades que supuso la captura del líder campesino Ramiro Choc, en Izabal. Las acciones dirigidas desde la Capital no parecen ser suficientes para mitigar la explosión de conflictos agrarios que se tornan violentos en tiempo cada vez más incontrolable. Otro ejemplo, más “pasado de moda” talvez, es el del rechazo a la minería a cielo abierto en San Marcos, en donde una decisión tomada desde el gobierno central fue rechazada rotundamente por los locales.

La prioridad del Estado en cuanto a las políticas públicas debe ser entonces la descentralización de su campo de acción. No sólo de su objeto, la sociedad, sino también de su sujeto. Es decir, la delegación del diseño de políticas públicas a autoridades cada vez más localizadas. El funcionario público capitalino con una percepción racista de la realidad es incapaz de diseñar políticas públicas en el marco de una sociedad plural. En cambio, el alcalde de cierto municipio de cierto departamento cuenta con el conocimiento más acertado de las necesidades sociales de su localidad, así como de las posibilidades de satisfacerlas mediante la ejecución pública. Es más; las autoridades locales tienen una representación mucho más legítima que la que ostentan los representantes “nacionales” como el Presidente y Vicepresidente. Sin embargo, en muchos casos, la autoridad local carece de las herramientas para llevar a la realidad estas posibilidades. La capacitación de líderes comunitarios es imperativa en este sentido. Educar a los líderes locales es empoderar a la sociedad que los legitima. Solo cuando la ejecución de políticas pública se dé de manera pertinente, desde lo local hacia local, podemos hablar de la construcción de un Estado plural

Bibliografía:

· VILLORO, Luis. “Del Estado homogéneo al Estado plural” en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/98/6.pdf

  • GRAGLIA, Emilio. GOBERNAR Y ADMINISTRAR POR POLÍTICAS PÚBLICAS



[1] VILLORO, Luis. Del Estado homogéneo al Estado plural. en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/98/6.pdf

[2] GRAGLIA, Emilio. GOBERNAR Y ADMINISTRAR POR POLÍTICAS PÚBLICAS. P.20

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