¿Quién teme al populismo?

Imagen: Afiche peronista sobre voto femenino. Click en la imagen para ir a la fuente.

El discurso (usted ya sabe cuál) sobre populismo ha dado pie a algunas interesantes discusiones. En general, el populismo aparece como el malo: demagogia, incertidumbre, amenaza a las instituciones (casi siempre las instituciones republicanas liberales).

El populismo puede verse en otros términos. El populismo es un proceso a través del cual un conjunto de demandas no representadas en la política se articulan entre sí, al amparo de una identidad única –los descamisados, los cocaleros, o el Tea Party-, para forzar su ingreso a la política. La irrupción de este nuevo actor, que suele arrogarse el nombre de “pueblo”, tiende a obligar a cambios institucionales, destinados a abrirle espacio. En la Revolución de 1944-1954, por ejemplo, y a pesar del evidente carácter burgués de levantamiento del 20 de octubre, la irrupción de maestros, campesinos y trabajadores, dio forma a un conjunto nuevo de instituciones: una puramente liberal –la ampliación del derecho a voto- y otras vinculadas de manera más indirecta al mismo liberalismo -el Código de Trabajo, el IGSS y la abortada reforma agraria-.

Desde esa perspectiva, y en función del mal desempeño de las instituciones actuales, tal vez no hay que tenerle miedo al populismo. Tal vez lo que corresponde es buscar la manera de articular demandas no representadas en el sistema actual e incorporarlas a la política. ¿Qué tipo de instituciones pueden surgir de llevar a la arena política a la clase media urbana hastiada con la corrupción y la violencia, junto a las comunidades que se oponen a la minería inconsulta?   ¿Qué otros actores están hoy afuera del sistema?

Columna publicada en Diario Digital el 11 de noviembre de 2014

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Tecnificando la toma de decisiones gubernamentales

Política en números

Este 14 y 15 de noviembre, la Universidad Rafael Landívar (URL) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) impartirán el curso “Gobierno y Políticas Públicas: nuevos conceptos y herramientas en Latinoamérica”. Los ponentes principales del evento son distinguidos académicos latinoamericanos: Dr. Luis Aguilar Villanueva, director del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Guadalajara; y Dr. Manuel Canto, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México.

El objetivo del curso es presentar la situación actual de las políticas públicas regionales en Latinoamérica y su vínculo a Guatemala. Para ello, se analizarán y compararán acciones de gestión y política pública además de diversos métodos de evaluación. El curso tiene un costo de Q.700.00 y está orientado tanto a funcionarios públicos, como a representantes de organizaciones sociales y académicos.

Dejo aquí los documentos para inscripción:

Invitacion
Informacion y objetivo
Boleta de inscripcion

Fecha: 14 y 15…

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Reelección de alcaldes

Foto: PedroVisión Noticias

Muchos en Guatemala se escandalizan ante la posibilidad de reelección consecutiva indefinida para alcaldes y diputados. Consideran que la falta de alternabilidad es una amenaza para la democracia. Además, perciben la continuidad como una norma en Guatemala. Esto último posiblemente se deba a los visibles casos de alcaldes que se han mantenido en el poder durante varios períodos consecutivos, algunos con señalamientos de corrupción: Específicamente, vienen a la mente personajes como Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, Álvaro Arzú, alcalde de la ciudad de Guatemala, Antonio Coro, en San José Pinula, Rubelio Recinos en Barberena, entre otros. Los casos más notorios son los de Fredy López, en San Pedro Jocopilas, Quiché, y René Osorio en Santa Catarina Mita, Jutiapa, con cinco períodos cada uno. La percepción negativa de la reelección consecutiva puede estar también relacionada con una supuesta incidencia de conflictos electorales en lugares en donde un alcalde busca la reelección.

Sin embargo, únicamente 32 de los 334 alcaldes que ganaron su cargo en las últimas elecciones han ocupado el cargo por tres o más períodos consecutivos (Datos disponibles en base de datos de Javier Brolo). Una investigación realizada por el politólogo y economista Iván Morales Carrera (El efecto incumbente en las elecciones municipales) indica que un alcalde tiene menos probabilidades de ganar una segunda elección consecutiva, que el candidato que quedó en segundo lugar en la anterior. Dicho de otra manera, los candidatos que quedaron en segundo lugar en 2011 tienen más probabilidades ganar la elección de 2015 que los alcaldes actuales.

¿Tienen en verdad una ventaja los alcaldes en el poder? ¿Qué otras razones podrían estar detrás de los conflictos electorales en municipios con alcaldes reelegibles? ¿Qué dice esto sobre los alcaldes que se reeligen?

Columna publicada en Diario Digital el 4 de noviembre de 2014

Abriendo el Congreso

El sábado pasado asistí como mentor a la hackathon del Apps Challenge, parte de la edición 2014 de la iniciativa Desarrollando América Latina (DAL2014), organizada en Guatemala por Congreso Transparente, con el apoyo de Plaza Pública, y Red Ciudadana, entre otras organizaciones locales. Tuve la oportunidad de compartir con varios equipos de desarrolladores de aplicaciones para teléfonos con un uso social –apps cívicas-. Los equipos están concursando por un paquete de asesoría para completar y publicar sus aplicaciones, así como la oportunidad de ser seleccionados para competir a nivel latinoamericano.

La edición 2014 tuvo como temas centrales transparencia, gobierno abierto y auditoría social. En el caso de Guatemala, Congreso Transparente centró la temática en la auditoría social al Congreso de la República. Los desarrolladores tenían ideas novedosas tendientes a acercar a los diputados con sus electorados a través de las aplicaciones desarrolladas. Fue una sorpresa grata el nivel de interés, creatividad e iniciativa mostrada por los participantes, que incluían programadores, diseñadores gráficos y economistas.

Aunque el alcance de iniciativas de auditoría a través de este tipo de tecnología es limitado en un país con tan baja penetración de internet, es innegable que estamos viendo el futuro de la interacción entre gobernantes y gobernados. Si te interesa conocer más, el los equipos presentarán sus aplicaciones el próximo 8 de noviembre, a las 10:00 AM en Chamba, de 4grados Norte.

Columna publicada el 30 de octubre de 2014 en Diario Digital

Guatebolas: Ciencia política de colonia

Columna publicada en Plaza Pública el 14 de octubre en Contrapoder el 17 de octubre.

Se ha armado una interesantísima discusión con respecto a la ciencia política en Guatemala. Primero que nada, valga decir que soy una especie de advenedizo en esta discusión. Todos los que han participado en ella. –Bolaños, Fernández, Haering, Calos Mendoza , Álvaro Velásquez y (especialmente) Torres-Rivas– me llevan algunos años de distancia, y superan con creces mi experiencia en el campo. En ese sentido, mi aporte no busca tomar partido en la discusión, dado que en ambas partes encuentro argumentos válidos, sino más bien contextualizarla y matizar el pobre estado de la ciencia política en Guatemala.

Creo que hay tres factores que están en el fondo de lo que estamos llamando la ciencia política de Guatebolas: Un traslape inadecuado entre política y academia, una distancia abismal entre la investigación y opinión pública, y una acentuada dependencia intelectual. Aunque no existe academia políticamente neutral, y aunque el sustento científico de la acción política y gubernamental es algo absolutamente necesario y deseable, es preocupante el que mucha de la investigación producida en Guatemala sirva para sustentar conclusiones definidas políticamente: Lo que vamos a decir es esto; ahora produzcamos estudios que lo sustenten. Por otro lado, es valioso que hoy los politólogos tengamos una amplia participación en los medios de comunicación, algo que solía estar reservado a “analistas” que eran abogados, políticos en ejercicio o viejos lobos con experiencia empírica. Esto ocurre cada vez menos. Sin embargo, aunque muchos politólogos opinemos en medios de comunicación, hay una abismo entre la escasa investigación que se produce y lo que se expresa en los medios. Esta distancia debe reducirse.

Sin embargo, ambos problemas parecen provenir de un tronco común: La dependencia intelectual.

Este es un término acuñado por los teóricos del colonialismo, para referirse a la incapacidad de los países periféricos de producir ciencia por su cuenta, sin depender de lo que hagan los países centrales. Explicado:

Las condiciones de este sistema de dependencia incluyen el control de los fondos disponibles globalmente para investigación y de las publicaciones académicas por instituciones centrales, y que el prestigio se atribuye a aquellos [investigadores de países periféricos] que han publicado en revistas internacionales, o que han estado en contacto con académicos de Europa y Estados Unidos. (Peet , 1991: 137) El resultado es contar con cientistas sociales cautivos, incapaces de diseñar métodos analíticos originales, así como una alineación de los issues principales de la sociedad.

                                               Sector Por sector de financiamiento
Año 2006 2011
Gobierno 36.5 19.9
Empresas
Educación superior 23.7 27.7
Instituciones privadas

sin fines de lucro

Extranjero 39.8 52.4
Fuente: Blas y Hernández: 2014

Esta condición de dependencia intelectual está acentuada en Guatemala, en donde la mayor parte de los fondos para investigación provienen de entidades internacionales. Un estudio elaborado por Violeta Hernández y Ana Lucía Blas, investigadoras de ASIES, evidencia que el porcentaje más alto de los fondos utilizados para investigación provienen del extranjero. En este sentido, y aunque la cooperación ha servido hacer trabajos que no se harían de otra manera, el hecho es que enfoques y contenidos de la investigación suelen ser determinados por la disponibilidad de fondos internacionales. Además, el esfuerzo de muchos politólogos no está enfocado en algo que pueda llamarse estrictamente “investigación”, sino que se dirige a la ejecución de proyectos de corto plazo. De algo hay que vivir.

Pero el problema va más allá de los fondos para investigación. Aún en las universidades que producen investigación con dinero propio, los enfoques y referentes teóricos son europeos, de pretendida aplicación universal, pero insuficientes (a veces inútiles) para explicar la realidad guatemalteca y latinoamericana. La respuesta de Bolaños, Haering y Fernández a Torres-Rivas evidencia esto último. La crítica, por ejemplo, al abuso del concepto de élites, pareciera partir de que el uso local no cabe en el uso normado por la ciencia política europea y estadounidense. Sin embargo, es evidente que categorías incluso más amplias como oligarquía son útiles para análisis en Guatemala, que aparece de manera explícita en trabajos como Linaje y racismo o El ascenso de las élites industriales, y de manera más tácita en Imponiendo la democracia. Aquí vale la pena rescatar lo dicho por Foucault acerca de las prohibiciones en el discurso político: “Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa”. ¿Qué se oculta cuando se precisa el concepto de élite? ¿A quién se cubre cuando se prohíbe llamar “oligarquía” a la oligarquía?

En cualquier caso, es evidente que es necesario crear conceptos y categorías más precisas y pertinentes a la realidad guatemalteca. Esto requiere de tiempo, esfuerzo y recursos. En este sentido, no queda más que señalar la necesidad de que la agenda de investigación sea definida localmente. Una agenda propia, que parta de teoría local, requiere necesariamente un paso previo recopilación empírica: Estudiar los fenómenos sociales como son, y no como las ciencias sociales europeas dicen que son. Las universidades y el Estado tienen un papel importantísimo en esta solución, particularmente en un país en donde el financiamiento privado, cuando llega a la investigación en ciencias sociales, lo hace con una agenda conservadora y particularista. Mientras tanto, seguiremos intentando hacer lo que se puede (que es mucho) con lo que se tiene (que es poquísimo).

 

Fuentes

Blas, Ana Lucía y Hernández, Violeta (2014) ¿Por qué y cómo mejorar la investigación en Guatemala?. Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y Saber América Latina. Guatemala. Recuperado de http://www.asies.org.gt/sites/default/files/articulos/publicaciones/presentacion_1.pdf

Peet, Richard y Elaine Hartwick. 1991. Theories of Development. New York, The Guilford Press.

Foucault, Michel (1973). El orden del discurso. Tusquets Editores, México.

Izquierda y derecha contradictorias

JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Image

JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Image

En Guatemala, la ideología es algo complejo. Quienes expresan ser de derecha y de izquierda tienden a contradecirse en sus argumentos, llegando incluso a defender lo que ellos mismos consideran indefendible. Pareciera ser que en Guatemala no hay espacio para una acción política basada en principios.

Ayer, personajes de la izquierda local celebraban la reelección de Evo Morales (como las de Chávez y Correa); sin embargo, hace meses se manifestaban contra cualquier intento de instalar la reelección en Guatemala, especialmente mientras gobierne un ex militar de derecha.

En Bolivia y Ecuador, los gobiernos de izquierda critican severamente a organizaciones opositoras –a veces también de izquierda-, apoyadas por cooperación internacional. Esta crítica alcanzó su punto más álgido cuando USAID fue expulsada de Bolivia. En Guatemala, Pérez Molina y el ministro López Bonilla iniciaron hace un tiempo una crítica similar, que recibió una respuesta negativa amplísima de activistas de izquierda, y un apoyo casi unánime en la derecha, que lleva años en una crítica similar.

Por otro lado, la derecha guatemalteca glorificó las protestas estudiantiles contra Maduro en Venezuela, condenando la violencia usada para reprimirlas, mientras que localmente apoya el uso de la fuerza pública para desalojar manifestantes, a quienes no duda en llamar terroristas. Niega la legitimidad de las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, tal y como lo hacen los gobiernos bolivarianos. Y estas resoluciones son asidero de activistas locales en casos de justicia transicional.

Me resulta incomprensible.

Columna publicada en Diario Digital el 14 de octubre de 2014

Corte de Constitucionalidad

Foto: Emisoras Unidas

Foto: Emisoras Unidas

Nuestra transición a la democracia, en medio de la desconfianza entre los distintos actores de la sociedad, dio lugar a instituciones novedosas. Algunas, como las comisiones de postulación, aunque funcionales en su momento, a la postre han tenido resultados menos que deseables. Otras, como la Corte de Constitucionalidad, aunque tienen evidentes problemas, han resultado claves para la preservación de la –aún hoy- frágil democracia.

Aunque a muchos abogados les pueda parar el pelo la afirmación, lo que hace útil a la CC es que es una corte eminentemente política. Su función es el resguardo de un texto que, más que jurídico, es político. La Constitución Política de la República de Guatemala es un acuerdo entre los actores relevantes de la sociedad del momento en que se creó, y su aplicación concreta sigue dependiendo de la estructura política a la que busca regular.

De aquí que, más que una instancia para corregir actuaciones de jueces equivocados (cosa que también hace), la CC es un árbitro de las relaciones entre los poderes del Estado. Su autoridad ha servido para dar salidas institucionales a crisis aparentemente irresolubles: El autogolpe de Serrano, el necesario reemplazo de un Fiscal General poco creíble, la crisis derivada del caso Rosenberg y el intento de inscribirse como candidata de la esposa del Presidente, que había sido aprobado ya por la Corte Suprema de Justicia. Errores como la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial no opacan el hecho de que la CC ha sido la mano que saca a la institucionalidad democrática del pantano, cuando el fango le llega al cuello.

Hoy les toca de nuevo. El asalto al Organismo Judicial por parte de las mafias y algunos miembros del Ejecutivo es evitable con una actuación ética y decidida de la Corte de Constitucionalidad. ¿Están los magistrados dispuestos a asumir esa responsabilidad?

Columna publicada en Diario Digital el 7 de octubre de 2014