Partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e institucionalidad

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El estudio Partidos políticos guatemaltecos: Financiamiento e institucionalidad, elaborado en el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas (DISOP) de ASIES,  analiza la relación entre las prácticas que conforman el modelo de financiamiento de los partidos políticos guatemaltecos y su nivel de institucionalidad, entendida como la interacción de tres variables: estabilidad en el tiempo, nivel de democracia interna, y autonomía con respecto a actores externos. Sobre la base de entrevistas a dirigentes partidarios nacionales y locales, se describen las prácticas de financiamiento partidario. Estas se analizan en torno a tres dimensiones: territorial, temporal e institucional. Se concluye que el modelo de financiamiento partidario favorece el desarrollo de partidos débiles y verticales, limitando su capacidad de estabilizar su presencia territorial y sus posibilidades de desarrollar procesos democráticos internos. Además, el modelo de financiamiento pone a los partidos en una posición de desventaja en su interacción frente a algunos financistas poderosos, afectando su autonomía. Finalmente, se recomiendan elementos a tomar en cuenta en una reforma al régimen de financiamiento partidario en Guatemala.

Puede descargar la investigación en los siguientes links:

Informe completo

Extracto

Financiamiento regulado, partidos fuertes

Foto: El Nuevo Diario, Nicaragua

Asíes presentó esta semana el estudio Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad. Dicho trabajo buscó conocer a fondo las prácticas reales por medio de las cuales los partidos políticos obtienen los recursos para realizar sus actividades, y señalar sus efectos sobre la institucionalidad de los partidos políticos. Particularmente, se estudió la manera en que el financiamiento afecta las posibilidades de los partidos de desarrollar procesos democráticos internos, mantenerse vigentes en el tiempo, y tomar decisiones de manera autónoma con respecto a grupos de presión e interés.

 Del estudio se deduce que durante la campaña electoral, los partidos se vuelven sumamente dependientes de unos pocos financistas externos, lo cual puede condicionar sus decisiones internas, como la selección de candidatos, o incluso sus decisiones de política pública.

 Además, los partidos políticos guatemaltecos priorizan y asignan más recursos a aquellas actividades con claros réditos electorales. Por ello, incluso en época no electoral, las actividades como la formación política o la elaboración de programas de gobierno no obtienen los recursos que se necesitan, fortaleciendo así el claro énfasis electoral de las organizaciones políticas guatemaltecas.

 La conclusión más importante es que, si bien la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que todas las contribuciones de campaña sean canalizadas a través de las organizaciones políticas, los financistas suelen entablar relaciones directas y personales con los dirigentes partidarios. Los partidos, encargados de rendir cuentas de su financiamiento ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), suelen quedar excluidos de esta relación. Esta forma de financiarse produce partidos débiles y verticales, y dificulta el trabajo de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.

 Si se desea partidos más estables, democráticos y autónomos, se deben modificar las normas que rigen su financiamiento. Es necesario regular de manera más adecuada el uso de los medios de comunicación. Asimismo, se debe reglamentar el uso de la deuda política, para asegurar la disponibilidad de recursos de actividades formativas y programáticas. Finalmente, es crucial personalizar la rendición de cuentas, responsabilizando a candidatos y dirigentes locales ante el TSE, de la obtención de recursos para sus organizaciones.

Columna institucional de ASIES publicada en elPeriódico el 26 de noviembre de 2014

¿Quién le pone el cascabel al diputado?

Foto: Soy502

La separación entre los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, privilegia el accountability (la obligación de rendir cuentas) horizontal por sobre el vertical. El accountability vertical consiste en la obligación que tienen las autoridades de rendir cuentas a la ciudadanía, cuya manifestación más concreta es el sometimiento a elecciones regulares. El accountability horizontal se refiere a la rendición de cuentas entre las autoridades mismas, usualmente concretado en un sistema de pesos y contrapesos –checks and balances- que limita la capacidad de uno u otro organismo de posicionarse como superior a los demás.

La reciente denegatoria, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, señalado en un evidente y flagrante tráfico de influencias, es apenas una muestra de que el accountability horizontal en Guatemala no funciona.

La salida estratégica para la ciudadanía sería exigir cuentas a través del voto. Sin embargo, el sistema electoral actual, con distritos grandes –Rivera encabezó una gamonal lista de 11 diputados en la elección anterior-, listados cerrados –el partido, y no el ciudadano deciden quien va primero- y ausencia democracia interna en los partidos, prácticamente garantiza que diputados que sirven bien a las cúpulas partidarias, a costa de la justicia y la ética, sean casi seguramente reelectos.

En ese sentido, si las autoridades del OJ eligen no antejuiciarlo, y el voto de la ciudadanía no es suficiente para sacarlo del Congreso, ¿a quién rinde cuentas un diputado?

Columna publicada en Diario Digital el 18 de noviembre de 2014

El partido oficial colapsa

Foto: ElPeriódico

La debilidad de los partidos políticos en Guatemala es un fenómeno que intriga a politólogos en Guatemala y en el mundo. Hay un asunto muy particular de nuestro sistema que suele eludir el análisis: el colapso de los partidos políticos que llegan al poder.

Tanto la DC como el MAS han desparecido del sistema; el PAN perdió el que podría ser su último diputado; el FRG va por el mismo camino, abandonado por su liderazgo histórico y con nuevo nombre; hace poco, GANA fue prácticamente absorbido LIDER. La UNE vio difícil su reorganización en 2012, perdiendo buena parte de su bancada. Y, a juzgar por el desgaste de Baldetti y la insustancia de Sinibaldi, ahora le toca al PP.

Aquí propongo una breve idea (más bien, una ocurrencia) de por qué ocurre. Los partidos guatemaltecos son caudillistas y electoreros, organizados primordialmente para llevar a un individuo al poder. Su verticalidad y personalismo impide el surgimiento de líderes distintos al caudillo. Una vez se cumple este cometido, y ante la imposibilidad de reelección, el partido pierde razón de ser.

La mayoría de los factores mencionados son estructurales y de solución complicadísima. El más sencillo de modificar parece ser la prohibición de reelección. ¿Es posible que permitir la reelección incentive la consolidación de los partidos que llegan al poder? En dado caso, ¿sería preferible permitir la reelección consecutiva, o limitarla a la no consecutiva? ¿Cuál sería el alcance de esta modificación, por sí sola?

Publicada en Diario Digital el 30 de septiembre de 2014

Tarjeta amarilla a los partidos

Foto: Una hoja de papel

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha suspendido a once partidos políticos por hacer campaña antes de la convocatoria a elecciones. Anunció la posibilidad de esta suspensión hace treinta días, dando un tiempo razonable para que los partidos retiraran su propaganda ilegal y evitaran la sanción. Por distintas razones –falta de voluntad o simple desorganización, entre otras- algunos partidos no lo hicieron, y hoy están suspendidos. Vale la pena detenerse a comprender la importancia de esta medida.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP, Decreto 1-85) no prohíbe expresamente que se realice propaganda antes de la convocatoria a elecciones. La regulación del tiempo de campaña está establecida en el Reglamento General de la LEPP, emitido por el TSE, y está estrechamente vinculada con el régimen de financiamiento partidario.

Hasta 2004, la LEPP contenía escasas disposiciones en materia de financiamiento de partidos políticos. En esa fecha, como consecuencia de una discusión iniciada a mediados de los años 90, con la firma del Acuerdo de reformas constitucionales y régimen electoral, se reformó el decreto 1-85 y se introdujo la obligación de los partidos de rendir cuentas al TSE y transparentar sus finanzas. Además, se le dio a dicho Tribunal la potestad (no necesariamente la capacidad real) de fiscalizar a las organizaciones políticas. Adicionalmente se introdujo el límite de gastos de campaña. A partir de dicha reforma, los partidos no podían gastar, en una sola campaña, más de USD1.00 por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior. Sin embargo, los legisladores no identificaron un punto de inicio y de final para el cálculo de los gastos de los partidos políticos. Esta fue una de las muchas falencias de la reforma de 2004; algunas fueron corregidas en una reforma posterior, pero el límite quedó sin referencias temporales. De esta cuenta, en 2007, el TSE reforma el Reglamento general y da coherencia al límite de gastos: La propaganda electoral estaría prohibida antes de la convocatoria a elecciones, y los montos gastados en propaganda antes de esa fecha serían deducidos del límite para la campaña legal.

Lo posterior es notorio. La mayoría de partidos han incumplido, tanto el tiempo de campaña como el límite de gastos, burlándose de los ciudadanos, del órgano electoral y de la ley. Por esto la medida del TSE es tan acertada, urgente y necesaria. Hay que apoyarla y denunciar su incumplimiento.

Columna publicada en el DCA, el 9 de julio de 2014

Democracia, desarrollo y partidos políticos

 

En el libro Por qué fracasan las naciones, Daron Acemoglu y James Robinson identifican la diferencia entre los países prósperos y los pobres en el carácter incluyente o excluyente de sus instituciones. La idea central es que la relación entre ambos conjuntos de instituciones puede generar un círculo vicioso o virtuoso: instituciones políticas incluyentes –respeto a los derechos civiles y políticos, rendición de cuentas, elecciones libres y transparentes– dan paso al surgimiento de instituciones económicas incluyentes –economía de mercado, derechos de propiedad estables, bienes y servicios públicos de calidad–. Las instituciones económicas excluyentes persisten mientras las instituciones políticas también sean excluyentes. En Guatemala, a pesar de la transición a la democracia iniciada hace más de 30 años, las instituciones políticas y económicas aún no son plenamente incluyentes.

En el caso de las instituciones políticas, la llave del sistema está en los partidos políticos. Estos pueden ser incluyentes si articulan intereses sociales, expresan demandas de grupos sociales, desarrollan programas de Gobierno fundamentados en proyectos de largo plazo y vinculan a los ciudadanos con la clase política. Sin embargo, las prácticas electorales clientelares y la reducida independencia que los partidos guatemaltecos actuales tienen de los poderes privados, convierten a muchos de estos en plataformas mediante las cuales grupos reducidos obtienen beneficios del poder político. Esta búsqueda de beneficios se traduce en corrupción en el sector público y en la utilización del Gobierno, la justicia y la ley, para favorecer a corporaciones privadas, lo cual tiene consecuencias negativas para el desarrollo del país. Aun cuando los pocos beneficiados contribuyan al crecimiento económico, la ausencia de instituciones políticas incluyentes limita la capacidad de que dicho crecimiento se prolongue en el tiempo y, más importante, de que se traduzca en un bienestar generalizado para muchas personas.

Por lo anterior, mejorar el desempeño de los partidos, fortaleciendo sus espacios de democracia interna y su institucionalidad, es una precondición para contar con instituciones políticas más incluyentes. Esto, a la vez, es una condición necesaria para lograr el desarrollo económico. La discusión sobre el desarrollo económico pasa necesariamente por una discusión sobre la calidad de los partidos políticos.

Columna institucional de ASIES publicada en El Periódico.

Elegir en Guatemala, elegir en Costa Rica

En Costa Rica el voto se considera un derecho; aquí, lo seguimos considerando una obligación.

El domingo se realizaron elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica. El resultado sorprendió. Luego de una campaña dominada con débil oposición por el Partido Liberación Nacional (PLN), actualmente en el Gobierno, el partido más favorecido en la elección presidencial fue el Partido Acción Ciudadana (PAC), quien postulaba a Luis Guillermo Solís. En tercer lugar quedó el Frente Amplio (FA), quien postulaba a José María Villalta, un candidato tan joven que en Guatemala tendría prohibido postularse, elegido por un partido marginal de izquierda. 

Existen grandes diferencias entre la democracia costarricense y la guatemalteca, pero hay una particularmente ilustrativa. En Costa Rica las encuestas indicaban una intención de voto ampliamente mayoritaria para Johnny Araya, candidato presidencial del PLN. Su victoria,  a los ojos de un espectador externo, parecía segura, anclada en la mayoría de votantes ticos que se suponía buscaba seguridad y estabilidad. En segundo lugar, Villalta  parecía el único capaz de obstaculizar la continuidad oficial, capitalizando el voto de descontento contra los partidos tradicionales. 

La disputa se resolvió en el punto medio: Solís, del PAC, un partido que surgió como una escisión del PLN, manifestando descontento con los partidos llamados tradicionales, pero que luego de tres elecciones, algunas relativamente exitosas, no puede considerarse “antisistema”.  

Desde Guatemala, muchos se volcaron en contra de las encuestas: Que los resultados fueron tan distintos a la intención de voto comunicada por los medios de comunicación es la prueba irrefutable de que las encuestas son manipuladas, compradas, o simplemente mal hechas. Falso. 

Las encuestas no pronostican un resultado; reflejan la intención de voto en un momento determinado. En Costa Rica, esta intención de voto cambió en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña, indicativo de una ciudadanía que no regala su voto de manera irreflexiva. Contrasta mucho con nuestra realidad, en donde dos años antes de las elecciones, ya sabemos a quién “le toca”.  
Esta diferencia, superficial, podría ser indicativa de contrastes más profundos. Mientras en Costa Rica los ciudadanos se sienten dueños de su voto, y lo ejercen como un derecho, en Guatemala seguimos insistiendo en que el voto es una “obligación”, y el “ya le toca” pareciera indicar que vemos el resultado electoral como algo ajeno, sobre lo cual no tenemos control.

Columna publicada en el Diario de Centroamérica el 05 de febrero de 2013