¿Quién le pone el cascabel al diputado?

Foto: Soy502

La separación entre los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, privilegia el accountability (la obligación de rendir cuentas) horizontal por sobre el vertical. El accountability vertical consiste en la obligación que tienen las autoridades de rendir cuentas a la ciudadanía, cuya manifestación más concreta es el sometimiento a elecciones regulares. El accountability horizontal se refiere a la rendición de cuentas entre las autoridades mismas, usualmente concretado en un sistema de pesos y contrapesos –checks and balances- que limita la capacidad de uno u otro organismo de posicionarse como superior a los demás.

La reciente denegatoria, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, señalado en un evidente y flagrante tráfico de influencias, es apenas una muestra de que el accountability horizontal en Guatemala no funciona.

La salida estratégica para la ciudadanía sería exigir cuentas a través del voto. Sin embargo, el sistema electoral actual, con distritos grandes –Rivera encabezó una gamonal lista de 11 diputados en la elección anterior-, listados cerrados –el partido, y no el ciudadano deciden quien va primero- y ausencia democracia interna en los partidos, prácticamente garantiza que diputados que sirven bien a las cúpulas partidarias, a costa de la justicia y la ética, sean casi seguramente reelectos.

En ese sentido, si las autoridades del OJ eligen no antejuiciarlo, y el voto de la ciudadanía no es suficiente para sacarlo del Congreso, ¿a quién rinde cuentas un diputado?

Columna publicada en Diario Digital el 18 de noviembre de 2014

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Transfuguismo en Guatemala, ¿un problema de democracia interna?

El colega @ivancarrera ha publicado en el blog PolíticaGT dos notas interesantes sobre el transfuguismo en Guatemala. En ambas menciona que, si bien hay estudios que han aportado al tema, las causas fundamentales del problema no han sido identificadas con claridad. El tema da para mucho, pero voy a aventurarme a explicarlo desde una perspectiva que –me parece- no ha sido tomada en cuenta en los estudios que conozco.

Se ha dicho que la Ley Electoral y de Partidos Políticos le da al Comité Ejecutivo Nacional, y en particular al Secretario General, poder casi absoluto sobre las decisiones del partido, incluida la nominación de candidatos. Como resultado, tenemos partidos verticales, incapaces de procesar adecuadamente los conflictos internos, que son naturales a todas las organizaciones, en particular las políticas. Me parece que es aquí donde está la causa fundamental del elevado transfuguismo en Guatemala: los conflictos intrapartidarios se convierten en disputas entre dos o más actores por el control del Comité Ejecutivo, resultando frecuentemente en que un ganador se lleve todo (el control del partido) y un perdedor salga hacia un partido existente, o una nueva organización.

Ejemplos abundan. Entre los más recientes está la salida de Roberto Alejos y un grupo de más o menos 12 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), acontecido meses después de la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, en el que se sabe la corriente liderada por Alejos obtuvo una representación casi nula. Una situación muy similar dio origen años atrás a la fundación del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), surgido también de una escisión de la UNE, liderada por el ahora ex candidato a presidente Manual Baldizón.

Sin embargo, posiblemente el caso más emblemático sea la salida de Oscar Berger del Partido de Avanzada Nacional (PAN) hace ya diez años. En esa ocasión, contrariando la regla general de los partidos políticos guatemaltecos, el PAN llevó a cabo un ejercicio democrático de elecciones primarias para nominar al candidato presidencial. La primaria fue ganada por Oscar Berger, pero el Comité Ejecutivo Nacional estaba controlado por un grupo de diputados distritales que gravitaba alrededor de Leonel López Rodas. Esto resultó en el irrespeto al resultado de las primarias, y la salida de Berger del PAN para ser nominado como candidato presidencial por la Gran Alianza Nacional (GANA), en ese entonces una coalición de tres partidos. Todo esto, amparado en la Ley Electoral. Prensa Libre cuenta estos sucesos con detalle en un artículo sobre el PAN.

En los tres casos vemos como los intereses de actores relevantes dentro del partido (individuos como Berger, Baldizón o Alejos, o las corrientes a las que representan) no encuentran espacio para sus intereses en la cúpula partidaria (el comité ejecutivo), y en consecuencia son expulsados –aunque no siempre de manera explícita- de la estructura partidaria para incorporarse a otra. Aunque en los casos mencionados los conflictos se dan a nivel de la estructura central del partido, es muy probable que el mismo patrón se reproduzca a nivel local. De ser así, la reducción del transfuguismo podría requerir de una revisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, particularmente en cuando a la de organización interna de los partidos.  Que siga el debate.

Esta entrada fue publicada, con algunas modificaciones de forma, en el EditorialGT.