Reelección de alcaldes

Foto: PedroVisión Noticias

Muchos en Guatemala se escandalizan ante la posibilidad de reelección consecutiva indefinida para alcaldes y diputados. Consideran que la falta de alternabilidad es una amenaza para la democracia. Además, perciben la continuidad como una norma en Guatemala. Esto último posiblemente se deba a los visibles casos de alcaldes que se han mantenido en el poder durante varios períodos consecutivos, algunos con señalamientos de corrupción: Específicamente, vienen a la mente personajes como Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, Álvaro Arzú, alcalde de la ciudad de Guatemala, Antonio Coro, en San José Pinula, Rubelio Recinos en Barberena, entre otros. Los casos más notorios son los de Fredy López, en San Pedro Jocopilas, Quiché, y René Osorio en Santa Catarina Mita, Jutiapa, con cinco períodos cada uno. La percepción negativa de la reelección consecutiva puede estar también relacionada con una supuesta incidencia de conflictos electorales en lugares en donde un alcalde busca la reelección.

Sin embargo, únicamente 32 de los 334 alcaldes que ganaron su cargo en las últimas elecciones han ocupado el cargo por tres o más períodos consecutivos (Datos disponibles en base de datos de Javier Brolo). Una investigación realizada por el politólogo y economista Iván Morales Carrera (El efecto incumbente en las elecciones municipales) indica que un alcalde tiene menos probabilidades de ganar una segunda elección consecutiva, que el candidato que quedó en segundo lugar en la anterior. Dicho de otra manera, los candidatos que quedaron en segundo lugar en 2011 tienen más probabilidades ganar la elección de 2015 que los alcaldes actuales.

¿Tienen en verdad una ventaja los alcaldes en el poder? ¿Qué otras razones podrían estar detrás de los conflictos electorales en municipios con alcaldes reelegibles? ¿Qué dice esto sobre los alcaldes que se reeligen?

Columna publicada en Diario Digital el 4 de noviembre de 2014

El partido oficial colapsa

Foto: ElPeriódico

La debilidad de los partidos políticos en Guatemala es un fenómeno que intriga a politólogos en Guatemala y en el mundo. Hay un asunto muy particular de nuestro sistema que suele eludir el análisis: el colapso de los partidos políticos que llegan al poder.

Tanto la DC como el MAS han desparecido del sistema; el PAN perdió el que podría ser su último diputado; el FRG va por el mismo camino, abandonado por su liderazgo histórico y con nuevo nombre; hace poco, GANA fue prácticamente absorbido LIDER. La UNE vio difícil su reorganización en 2012, perdiendo buena parte de su bancada. Y, a juzgar por el desgaste de Baldetti y la insustancia de Sinibaldi, ahora le toca al PP.

Aquí propongo una breve idea (más bien, una ocurrencia) de por qué ocurre. Los partidos guatemaltecos son caudillistas y electoreros, organizados primordialmente para llevar a un individuo al poder. Su verticalidad y personalismo impide el surgimiento de líderes distintos al caudillo. Una vez se cumple este cometido, y ante la imposibilidad de reelección, el partido pierde razón de ser.

La mayoría de los factores mencionados son estructurales y de solución complicadísima. El más sencillo de modificar parece ser la prohibición de reelección. ¿Es posible que permitir la reelección incentive la consolidación de los partidos que llegan al poder? En dado caso, ¿sería preferible permitir la reelección consecutiva, o limitarla a la no consecutiva? ¿Cuál sería el alcance de esta modificación, por sí sola?

Publicada en Diario Digital el 30 de septiembre de 2014

Elegir en Guatemala, elegir en Costa Rica

En Costa Rica el voto se considera un derecho; aquí, lo seguimos considerando una obligación.

El domingo se realizaron elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica. El resultado sorprendió. Luego de una campaña dominada con débil oposición por el Partido Liberación Nacional (PLN), actualmente en el Gobierno, el partido más favorecido en la elección presidencial fue el Partido Acción Ciudadana (PAC), quien postulaba a Luis Guillermo Solís. En tercer lugar quedó el Frente Amplio (FA), quien postulaba a José María Villalta, un candidato tan joven que en Guatemala tendría prohibido postularse, elegido por un partido marginal de izquierda. 

Existen grandes diferencias entre la democracia costarricense y la guatemalteca, pero hay una particularmente ilustrativa. En Costa Rica las encuestas indicaban una intención de voto ampliamente mayoritaria para Johnny Araya, candidato presidencial del PLN. Su victoria,  a los ojos de un espectador externo, parecía segura, anclada en la mayoría de votantes ticos que se suponía buscaba seguridad y estabilidad. En segundo lugar, Villalta  parecía el único capaz de obstaculizar la continuidad oficial, capitalizando el voto de descontento contra los partidos tradicionales. 

La disputa se resolvió en el punto medio: Solís, del PAC, un partido que surgió como una escisión del PLN, manifestando descontento con los partidos llamados tradicionales, pero que luego de tres elecciones, algunas relativamente exitosas, no puede considerarse “antisistema”.  

Desde Guatemala, muchos se volcaron en contra de las encuestas: Que los resultados fueron tan distintos a la intención de voto comunicada por los medios de comunicación es la prueba irrefutable de que las encuestas son manipuladas, compradas, o simplemente mal hechas. Falso. 

Las encuestas no pronostican un resultado; reflejan la intención de voto en un momento determinado. En Costa Rica, esta intención de voto cambió en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña, indicativo de una ciudadanía que no regala su voto de manera irreflexiva. Contrasta mucho con nuestra realidad, en donde dos años antes de las elecciones, ya sabemos a quién “le toca”.  
Esta diferencia, superficial, podría ser indicativa de contrastes más profundos. Mientras en Costa Rica los ciudadanos se sienten dueños de su voto, y lo ejercen como un derecho, en Guatemala seguimos insistiendo en que el voto es una “obligación”, y el “ya le toca” pareciera indicar que vemos el resultado electoral como algo ajeno, sobre lo cual no tenemos control.

Columna publicada en el Diario de Centroamérica el 05 de febrero de 2013

Elegir a los mejores

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Foto: Prensa Libre

 

El modelo de Comisiones de Postulación, establecido por los constituyentes para la elección de diversos cargos públicos, ha sido cuestionado por privilegiar la discrecionalidad de los electores. De esta cuenta, la Ley de Comisiones de Postulación, aprobada en 2009, exige a los miembros de dichas comisiones a apoyarse en el uso de tablas de gradación que permitan calificar a los aspirantes de manera objetiva. No obstante, usualmente las tablas se utilizan únicamente como referencia, y no tienen valor en el momento de la votación.

En respuesta a esta situación, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) desarrolló durante el año pasado una propuesta para la utilización de un sistema de voto preferencial en la elección de la nómina de candidatos que las comisiones deben postular. Dicho sistema, conocido como el Conteo de Borda, tiene la ventaja de privilegiar el consenso y limitar la discrecionalidad. Consiste en que los postuladores, en lugar de votar para elegir a cada uno de los integrantes de la nómina que deben entregar al órgano elector (el Congreso o el Presidente de la República), ordenen a los aspirantes según su preferencia. Cada aspirante obtiene un punteo en función de su posición en la lista, que a la vez se pondera con los criterios establecidos en la tabla de gradación.

Usar el Conteo de Borda limitaría la exposición de los aspirantes a la descalificación pública, y de esta forma contribuiría a que  los mejores profesionales presenten sus candidaturas a los cargos referidos sin temor.  Así mismo, la vinculación entre la votación y el punteo en la tabla de gradación asegura un grado significativo de objetividad, sin menoscabo del ejercicio del juicio del postulador, base del sistema establecido en la Constitución. Esto resultaría en la nominación de los mejores aspirantes. Como beneficio adicional, este sistema permite votaciones más rápidas y sencillas, facilitando cumplir con los plazos de ley.

Para que el Conteo de Borda se utilice en todas las elecciones de segundo grado, sería conveniente reformar la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, cada Comisión puede utilizar este sistema de votación si los miembros así lo acuerdan.

La Comisión que integrará la nómina de candidatos al TSE ya considera, tras resolver algunas dudas,  utilizar este método. Asies está en disposición de asistir a ésta y las demás comisiones en su implementación.

 

Columna institucional de ASIES publicada el 30 de enero de 2013 en El Periódico.

Prioridades de la reforma electoral (final)

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Imagen tomada de larioja.com

 

En las últimas semanas he comentado sobre la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, especificando que hay dos ámbitos que deben ser prioritarios: democracia interna y financiamiento partidario. La semana pasada abordé el problema de la democracia interna y esta semana tocaré de manera breve el financiamiento de campaña política.

Sobre el financiamiento de campaña abundan rumores y especulación, en parte por la falta de transparencia con que los partidos políticos manejan sus finanzas. Sin embargo, es sabido que el acceso a financiamiento condiciona los resultados electorales, y esto ocurre en todo el mundo. Organizarse para hacer política tiene un costo.

No obstante, en Guatemala el acceso a recursos ha creado tal distorsión en el sistema político, a que partidos con un mínimo de organización se “inflan” con plata, obteniendo resultados electorales que no guardan proporción con su presencia territorial, de la que depende, como mencioné en la columna anterior, su nivel de democracia interna. Tenemos partidos que no representan a bases amplias de ciudadanos, sino a unos cuantos financistas poderosos.

La propuesta más interesante para resolver esta situación es limitar drásticamente (o prohibir) el financiamiento privado a los partidos, y suplirlo con dinero público, que sería otorgado con criterios definidos técnicamente, a partir del tamaño de cada organización y su extensión territorial. Así se incentivaría a los partidos para ampliar sus bases y ser más representativos. Esto también requiere reformas que transparenten las finanzas de los partidos políticos.

Estas propuestas son sencillas, pero su implementación requiere de enorme voluntad política, especialmente de actores no partidarios, la ciudadanía en general y de sociedad civil organizada. La pregunta es si estos actores están en disposición de esforzarse para tener una mejor democracia.

Publicada en el Diario de Centroamérica, el 23 de julio de 2013

Prioridades de la reforma electoral

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Foto tomada, sin permiso, de Radio Nederland

Es sabido que existe una creciente insatisfacción de la ciudadanía guatemalteca con el desempeño de sus partidos políticos. Lo que muchos no conocen es que, finalizado el proceso electoral de 2011, diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas iniciaron procesos simultáneos de reflexión acerca del régimen electoral y el sistema de partidos políticos. A la discusión se sumaron miembros de algunos partidos políticos, particularmente aquellos con representación en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. El resultado es contar con varias propuestas diferentes de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

La reforma a la LEPP no es por sí sola una solución a problema alguno en Guatemala. Lo que esta reforma permitirá, de lograrse, es que nuestro país cuente con un espacio adecuado para la discusión de los complejos problemas que atraviesa. Dicho espacio lo constituiría un sistema de partidos políticos funcional y eficaz, en donde las distintas expresiones políticas existentes encuentren un espacio para sus demandas, necesidades e inquietudes.

Es por esto que todos los actores legítimos de la sociedad, especialmente aquellos actualmente excluidos del debate político, sean cual fueren sus intereses particulares, deben tener esta reforma como un objetivo político común.

Aunque provenientes de actores distintos, la mayoría de propuestas existentes coincide en la necesidad de mejorar tres aspectos del sistema: El financiamiento y el gasto de los partidos, sus fuentes y controles; los procesos internos de los partidos, sus mecanismos de toma de decisión y sus procedimientos para nombrar autoridades y nominar candidatos; y el desempeño del órgano electoral, su capacidad de control y fiscalización. Para contribuir a esta discusión, en las próximas semanas ahondaré en cada uno de los aspectos mencionados.

Publicado en el Diario de Centroamérica, 19 de junio de 2013